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En defensa del Estado Laico

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La reciente conformación de la Comisión Webb que buscaba la conformación de los candidatos del Ejecutivo al cargo de Contralor de la República devolvió el tema al debate: en Perú no existe una adecuada separación entre la Iglesia Católica y el Estado. En un Estado moderno la Iglesia Católica no es una institución fundante, mucho menos parte de la operatividad del Estado, sino que mantiene identificación con el papel de un estado extranjero con el que se mantiene relaciones diplomáticas. Así, el real interlocutor jurídico de la Iglesia Católica en el Perú es y debe ser el Nuncio, una suerte de embajador de la Santa Sede.

En la Comisión Webb participó el padre Gastón Garatea, sacerdote de los Sagrados Corazones, quien es un personaje recurrente en el acontecer político del país. En una suerte de costumbre, el Estado, cuando no encuentra mejores argumentos para ejercer gobierno, convoca a miembros de la Iglesia como negociadores o agentes de representación. Así por ejemplo, Garatea participó en los conflictos de Moquegua, así como en otros muchos eventos. Otro miembro de la Iglesia que contínuamente participa en la vida política del país es el sacerdote Luis Bambarén, rostro habitual durante la administración de Alejandro Toledo.

Ya señalamos antes cómo existen centros educativos del Estado, públicos, como el Virgo Potens, que al ser administrados por la Iglesia aplican su propia tabla de criterios en la gestión educativa. Igualmente ya antes hablamos del presupuesto de la Iglesia Católica y de las subvenciones a la Iglesia.

Peor aún, García Pérez ahora mismo vincula al Estado en una alianza con una institución médico empresarial relacionada con la Iglesia Católica. El Hogar Clínica San Juan de Dios es ciertamente una organización de caridad pero a este paso el Estado, por equidad, deberá atender las eventuales necesidades que, por ejemplo, ADRA pueda afrontar en tiempos de crisis. ADRA es una institución relacionada a otro credo, que también realiza labor social y, por tanto, atiende al mismo grupo social que el Hogar Clínica San Juan de Dios. Y así sucesivamente: cualquier otra organización de fe podrá acudir al Estado que quedaría convertido en una especie de prestamista de última instancia para los diferentes credos.

Si empezamos a eliminar la barrera de neutralidad entre el Estado y la Fe entonces lo que está en riesgo no sólo es el eficiente papel del Estado como administrador sino que se ponen en debate los propios intereses de las diferentes organizaciones de fe, quienes a este paso van a competir en relacionarse con la administración de turno en una suerte de negocio prebendario.

Lea más: Informe sobre libertad religiosa en Perú
En el siempre útil blog Peperitas.com: 300 empresarios para asegurar la Teleton


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